En ese sentido, el Presidente agregó: «Nunca ninguna pelea justifica la resignación de un derecho. Por dura y difícil que sea la pelea, ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro. Y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar”.
“Vamos a trabajar para que esos derechos sean una realidad rápidamente, reglamentando la ley, trabajando con las provincias, con la sociedad civil y con la sociedad científica”, explicó la ministra y remarcó: «Es un paso enorme, estamos trabajando en conjunto para tener más y mejor salud: más accesible, más equitativa y de mejor calidad».
En el acto estuvieron presentes la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la titular del INADI, Victoria Donda, y la diputada del Frente de Todos que impulsó la norma, Carolina Gaillard.
El 30 de junio pasado, el Congreso aprobó una nueva ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que cambia el paradigma biomédico de la normativa anterior, sancionada en 1990.
La nueva legislación, que cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos, busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación. Entre otras medidas, prohíbe las pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis, TBC e ITS en los exámenes preocupacionales o para ingresar a instituciones educativas.
Además, posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH hace 10 años y que cuentan con al menos 20 años de aportes; y otorga una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
La nueva ley también declara de interés público y nacional los medicamentos e insumos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, Hepatitis, TBC e ITS, su producción pública y el acceso universal, oportuno y gratuito.
La nueva ley establece que el Estado Nacional otorgará una asistencia económica a las familias equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, y beneficiará también a los jóvenes entre 15 y 18 años que actualmente, en su mayoría, son asistidos como pacientes adultos.
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