A partir de octubre de 2024, la AFIP puede investigar a los usuarios de billeteras virtuales cuyos consumos o transferencias superen los $400.000. Esta medida busca asegurar que el origen del dinero sea lícito y que las operaciones financieras realizadas a través de estas plataformas no presenten irregularidades fiscales. Además, los usuarios deberán controlar que sus saldos mensuales no excedan los $700.000, ya que, de lo contrario, también quedarán bajo la lupa del organismo.
La medida forma parte de una actualización de los regímenes de información financiera establecidos por la AFIP. Las billeteras virtuales, al igual que los bancos y otras entidades financieras, estarán obligadas a informar todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos límites. Esta normativa fue impulsada mediante la Resolución General N° 4298, que elevó los importes que deben ser reportados, con el objetivo de mejorar la transparencia del sistema financiero.
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Una de las razones clave de esta decisión es garantizar que el dinero que circula en las billeteras virtuales y cuentas bancarias tenga un origen legal. La AFIP busca evitar que los fondos no declarados o de origen ilícito circulen a través de estas plataformas. En este sentido, las entidades financieras tienen la responsabilidad de vigilar las operaciones de sus clientes y reportar cualquier movimiento que supere los montos establecidos.
Los montos a informar se actualizarán de manera automática cada seis meses, basándose en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste es necesario para que los límites continúen siendo relevantes en un contexto de inflación. De esta manera, se asegura que los montos establecidos por la AFIP reflejen la realidad económica y permitan un control efectivo sobre las operaciones financieras.
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Qué pasa si una persona transfiere más de $400.000 o tiene saldos superiores a $700.000
En caso de que un usuario de billetera virtual realice una transferencia o gasto superior a los $400.000 o saldos superiores a $700.000, la AFIP iniciará un proceso de investigación para determinar el origen de esos fondos. El contribuyente deberá presentar la documentación necesaria, como recibos de sueldo o facturas emitidas, que respalden la legalidad del dinero. Esta medida busca garantizar que los fondos utilizados provengan de ingresos legítimos y no de actividades ilegales o no declaradas.
Si durante la investigación la AFIP detecta movimientos sospechosos o si el usuario no puede justificar adecuadamente el origen del dinero, el organismo podrá tomar medidas severas. Estas pueden incluir el cierre de la cuenta del usuario y la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Este reporte es un mecanismo utilizado por las entidades financieras para alertar sobre posibles actividades ilícitas.
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