La imputación en Entre Ríos del ex jardinero de los Kirchner y quien colecciona cargos en el Estado, Ricardo Barreiro, le suma más dolores de cabeza a la gestión del gobernador Sergio Urribarri.
A Barreiro se lo acusa de falsificar un documento para ocultar que tiene un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación, de Pedro Báez, y así poder presentarse como proveedor del Estado.
El coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (CEICER), el cargo al que fue designado por decreto por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro Báez, le cobró al Estado provincial en diciembre 2012, 220 mil pesos por un servicio de transporte de su empresa. La maniobra no es nueva en el mundo de la política: negocios privados de un funcionario público. No hace falta aclararlo, es incompatible.
En Entre Ríos no existe ley de ética pública, que ponga fin a los negocios incompatibles. Cuando un empresario se inscribe en el Registro de Proveedores del Estado y participa de una licitación debe firmar una declaración jurada ante la Dirección General de Contrataciones asegurando que ninguno de los integrantes de la firma se desempeña como funcionario o empleado de la administración pública. Barreiro habría omitido su cargo en el CEICER para poder brindar un servicio con su empresa RP Transporte SA.
La palabra del fiscal
Río Bravo dialogó con el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, que imputó a Barreiro, luego de que fuera denunciado el año pasado por el abogado Guillermo Mulet.
“El tema es la existencia de una licitación del Estado a favor de él –Barreiro- como proveedor, y está el impedimento de que una persona no puede ser que se desempeñe en el mismo Estado. Y esto es lo que pasó”, explica el fiscal Montrull.
En ese marco, el funcionario judicial reitera que “el delito de Barreiro consiste en haber falseado la declaración jurada que decía que no pertenecía al Estado provincial. Esa declaración jurada que presentó en el Registro de Contrataciones es falso, y eso es lo que se le imputa”.
¿Hubo connivencia con el poder político de Entre Ríos? Esa es otra de las preguntas que puede emerger, en un futuro no lejano, si la causa judicial contra Barreiro avanza en la pesquisa para desmarañar la trama que habría llevado al ex jardinero de los Kirchner y funcionario provincial a mentir en una declaración jurada para así dar un servicio al Estado –que dio- con su empresa de transporte.
El fiscal Montrull, como todo funcionario judicial, mide sus palabras al referirse a esa posible línea de investigación que puede desarrollarse si la justicia reúne la documentación necesaria para poder llamar a declarar a otros funcionarios públicos.
Seguidamente, Montrull aclara que en primera instancia la justicia debe determinar si la firma en la declaración jurada pertenece a Barreiro, mediante pericia caligráfica. “Después veremos si surge y tenemos indicios de que esto no fue sólo cuestión de esta persona que falseó su declaración jurada, sino que hay una connivencia de algún funcionario. Eso será materia de investigación”, puntualiza.
Apuntes
Hace menos de un mes, Barreiro, que tiene un cargo en Entre Ríos pero que vive en El Calafate a más de 3.000 kilómetros de Paraná, fue notificado que fue imputado en la provincia. El Ministerio Público Fiscal lo acusó de falsificación ideológica -que prevé una pena de entre uno y seis años de prisión- y eso implica que está instada la acción penal y se solicitó que se le haga indagatoria. El juez del Juzgado de Instrucción Número 7, a cargo de Elvio Garzón hizo lugar al requerimiento y podría citar a Barreiro para que comparezca. La fiscalía pidió que se realice una pericia caligráfica a los documentos del Registro de Contrataciones presuntamente firmados por el ex jardinero presidencial.
Fuente: Río Bravo
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