La Cámara Baja votó el pedido de juicio político a la cabeza del Poder Judicial entrerriano y ganó el rechazo del oficialismo a acusar a la magistrada. Al FpV se sumaron el FEF y Ricardo Troncoso. Cambiemos y Bahler votaron por acusar.
La presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia Claudia Mizawak no será juzgada por mal desempeño de sus funciones, luego de que la Cámara de Diputados votara, con el oficialismo imponiendo su mayoría, rechazar el pedido de juicio político. La caída o aprobación del pedido se votó nominalmente y ganó con 21 votos -entre ellos los dos del bustismo y el de Ricardo Troncoso- el dictamen del Frente para la Victoria. Los once diputados de Cambiemos votaron junto con Alejandro Bahler por dar curso al enjuiciamiento, pero no alcanzó.
De esta manera, a diferencia del caso del suspendido vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, la causa Mizawak se cae y no llegará al Senado. El dictamen del oficialismo, como se había anticipado, se sustentó en falta de pruebas para juzgar a Mizawak en base los cinco ejes sobre los que fundó la denuncia: uso indebido de viáticos y licencias, incompatibilidad por sociedad comercial, robo de armas en Tribunales, manipulación de la causa Smaldone y gastos reservados en el STJ.
El oficialismo elaboró un extenso dictamen –de 115 páginas- destinado a demostrar que las acusaciones contra Mizawak por mal desempeño no estaban basadas en pruebas suficientes. “Ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual Presidenta del Superior Tribunal de Justicia poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas”, leyó el presidente de la comisión de Juicio Político Diego Lara (FpV), por lo que los integrantes de la comisión enrolados en el FpV resolvieron “rechazar el pedido de juicio político”.
Los considerandos del PJ
En cada punto de la denuncia, los legisladores del PJ encontraron que no había pruebas para acusar a la jueza. Sobre los “viajes, abandonos excesivos de la jurisdicción, y falta de diligencia debida en el control de viáticos y licencias”, señalaron que Mizawak “ha viajado con licencia en porcentajes sorprendentemente bajos en relación al Dr. Chiara Díaz” y que las diligencias “han sido efectivamente realizadas, con el detalle exacto de qué hizo, con quién lo hizo, dónde lo hizo, y cuál fue el resultado de lo que hizo”.
De las “supuestas sociedades con Sergio Daniel Urribarri y la incompatibilidad funcional por la sociedad con Raúl Eduardo Arroyo”, esposo de la magistrada, los diputados del FpV aseguraron que “se constató, sin dudas, que no hay ningún elemento que, siquiera como indicio, de cuenta de una relación societaria pasada o presente” entre la jueza y el ex gobernador. Sobre la incompatibilidad por poseer acciones en Emprendimientos A. y M. S.A., quedó probado según el dictamen que Mizawak “no administró nunca la misma y que a partir del año 2008 ni siquiera conservó la titularidad accionaria”.
Respecto de la supuesta manipulación de la causa Arralde/Smaldone, concluyeron en que “se ha transformado en el paradigma de la mentira en que incurrió el Vocal antes enjuiciado (Chiara Díaz)”, ya que Mizawak “no reformuló la integración del Tribunal”, lo cual había sido denunciado por el suspendido juez.
En tanto, de la acusación de “percepción de sobresueldos”, para el bloque del PJ, el bustismo y el radical Troncoso quedó demostrado que “en el Superior Tribunal de Justicia no existen fondos o gastos reservados”, sino que se encontró que jurídicamente las partidas cuestionadas fueron “gastos protocolares”.
Por último, en el marco del escándalo por el robo de armas en los Tribunales del año pasado, para el dictamen mayoritario “no aparece lógico ni razonable que pueda atribuírsele por esta causa un mal desempeño a la presidenta del Superior Tribunal”, debido a que “estamos ante un caso de empleados ‘infieles’ (…) que defraudaron la confianza de sus superiores”.
Los motivos de Cambiemos
El bloque minoritario de Cambiemos, para fundamentar la aprobación del pedido de juicio político, se centró en tres de los incisos de la denuncia: los viajes incumpliendo sus deberes y uso indebido de viáticos, la negligencia en el robo de armas a Tribunales y la existencia de los “gastos reservados” en el STJ. No hablaron los legisladores opositores de la presunta asociación comercial con Urribarri ni de la supuesta manipulación del caso Smaldone.
El dictamen de Cambiemos incorpora una larga lista de expedientes e informes de Migraciones de la Nación y de otros países, señala que la jueza solicitaba viáticos para cumplir tareas inherentes a su cargo pero que luego viajaba a otros destinos. “Se halla acreditada la existencia de un sinnúmero de convenios celebrados por la dra. Mizawak en representación del Superior Tribunal de Justicia, con distintas instituciones nacionales y extranjeras, durante el período en ejercicio de la presidencia”, anuncia el dictamen.
Sin embargo, advierte de dichos convenios: “cuya utilidad para el Poder Judicial de la provincia se desconoce” y acusa que los mismos “en todo los casos han servido para ‘justificar’ viajes a distintos puntos del país (CABA, Santa Fe, Rosario, Corrientes, San Juan, Neuquén, Córdoba, Formosa, Puerto Iguazú, Ushuaia, Misiones) y del exterior (España, Italia, Uruguay)”. A su vez, denuncia que dicho accionar “ha impedido no solo la asistencia regular a la tareas que le competen como Vocal, sino también, como se ha dicho, de las que derivan de su condición de Presidente”.
El nodo de la acusación de Cambiemos se sostiene en que “se configura, de modo palmario, una situación de identidad” entre los casos de Chiara Diaz y Mizawak, “aunque ésta última supera con creces”, castiga. “Por ello, esta Honorable Cámara debe otorgar al desarrollo de ambos casos un tratamiento igualitario”, concluyen los opositores
En el punto de la denuncia referido al robo de armas, Cambiemos entendió que Mizawak “ha omitido ejercer las atribuciones de superintendencia emanadas de la Constitución Provincial y de la Ley y ha incumplido las obligaciones propias del cargo que ostenta. Ha incurrido, también por este hecho, en la causal de mal desempeño de sus funciones”. El dictamen fundamenta que la denunciada, habiendo sido notificada de los episodios, “no adopta ninguna medida concreta de seguridad, siquiera provisoria y mínima, en resguardo del material secuestrado”.
Finalmente, en lo concerniente la presunta percepción de sobresueldos, para los legisladores de la oposición “ha quedado plena y suficientemente probado, al punto de que, por su gravedad, por sí solo es determinante como para configurar la causal de ‘mal desempeño’”. La letra del despacho indica que el STJ, bajo el mando de la jueza, “desde el año 2010 al presente, gestionó y aceptó el pago por el gobierno de la provincia, de fondos provenientes de la Partida 3.9.2 ‘Gastos Reservados’ -del ítem I.3. ‘Servicios No Personales’ PR 9 y PA 2- del Presupuesto Provincial, que eran acreditados en el presupuesto del Poder Judicial encubriendo su naturaleza, bajo el concepto de ‘Gastos Protocolares’”. (Informe Digital)
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