Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, propone la constitución de una Comisión “ad hoc” para investigar “lo que constituye uno de los mayores casos de corrupción en la historia de la provincia de Entre Ríos”.
En la iniciativa, los autores del proyecto, los diputados Jorge Monge (UCR) y Emma Bargagna (FAP), proponen constituir una Comisión Investigadora de la actividad desarrollada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y por los organismos con incumbencia para controlar el funcionamiento de ésta en las distintas etapas del proceso administrativo, con facultades para revisar y examinar íntegramente su desempeño.
Monge y Bargagna consideran que la Comisión, que podrá extender su actividad investigativa a todas las áreas que considere necesarias, deberá revisar y examinar la actuación de la ATER, Contaduría General, Tesorería General y Tribunal de Cuentas de la provincia, “en relación al cumplimiento de las respectivas obligaciones legales y constitucionales, vinculadas a la determinación, fiscalización y percepción de los tributos y accesorios por parte de la ATER, y a las de su control preventivo, concomitante y ulterior a cargo de los organismos constitucionales mencionados”.
En la medida que lo considere útil, la Comisión elevará, para su aplicación, a los organismos examinados y al Poder Ejecutivo, propuestas relacionadas con el funcionamiento, gestión y control. Monge y Bargagna señalan que “las propuestas se harán públicas y surgirán del consenso o de las mayorías de los miembros de Comisión. Los votos en disidencia o minoría deberán estar fundados. Se les dará publicidad en la misma oportunidad en la que se dé publicidad a la propuesta de mayorías”.
Y advierten que, si se reconoce o verifica la presunta existencia de conductas que pudiesen constituir delito contra la Administración Pública, “la Comisión tiene el deber de denunciarlo al Agente Fiscal en turno para su consideración”.
Fundamentos
Los diputados recuerdan en los fundamentos, a los que accedió AIM, que “reconocida y concordante, la doctrina constitucional sostiene que las facultades de investigación del Poder Legislativo, y de cada una de sus cámaras, en el caso de los sistemas bicamerales, tienen la peculiaridad de operar como medio para el mejor cumplimiento de las funciones de contralor, de allí que no se encuentra obstáculo para ello en la ausencia de texto constitucional expreso ya que las mismas encuentran sustento en los poderes implícitos “necesarios para poder llenar sus fines”.
Los diputados recuerdan en los fundamentos, a los que accedió AIM, que “reconocida y concordante, la doctrina constitucional sostiene que las facultades de investigación del Poder Legislativo, y de cada una de sus cámaras, en el caso de los sistemas bicamerales, tienen la peculiaridad de operar como medio para el mejor cumplimiento de las funciones de contralor, de allí que no se encuentra obstáculo para ello en la ausencia de texto constitucional expreso ya que las mismas encuentran sustento en los poderes implícitos “necesarios para poder llenar sus fines”.
Sin lugar a dudas que los hechos de domino público en lo concerniente a reiteradas “defraudaciones”, “cohechos” u otros delitos en perjuicio del fisco de la provincia, que han dado lugar a la actuación de los tribunales ordinarios, ponen además y sobremanera de resalto, cuanto menos, la inoperancia, ineficacia o desidia en los organismos de contralor y en la propia ATER.
Así las cosas, como consecuencia, al menos, de la falta celo y cuidado en la posición de garantes del contralor de la actividad de la hacienda pública, “es evidente que se relajaron los necesarios monitoreos, auditorías internas periódicas y seguimiento que debieron llevarse a cabo, en función de prevenir y evitar males mayores, como los que motivaron la original denuncia realizada por el director de la ATER (Marcelo Casareto)”.
En su carácter de legisladores provinciales, Monge y Bargagna también efectuaron, en virtud de los artículos 177º y 180º del código de Rito, la pertinente denuncia ante el juzgado de Instrucción 6 de Paraná.
Por eso advierten que “mayor es la afrenta y la afectación cuando, como es público y notorio, la ATER está reclamando a los pequeños y medianos propietarios, a personas de escasos recursos, a pequeños emprendimientos del campo y de la ciudad, el pago total, en tiempo y forma y bajo apercibimiento de fuertes multas o costosos apremios judiciales, de sus pesadas cargas fiscales”.
Por mucho menos se llegó a destituir en la década del ’90 a un miembro del Tribunal de Cuentas. Hoy, conforme informaciones, “observamos que quién era titular de uno de los órganos de contralor con abolengo constitucional, habría prestado servicios profesionales a una empresa beneficiada con ilegales compensaciones. Tal actividad era incompatible con la función que ejercía”.
“La ciudadanía se pregunta ‘¿cómo es posible que durante tantos años hayan ocurrido estos fraudes sin que nadie se percatara de ello?. ¿Dónde estaban los órganos de control’? ¿Cuáles fueron los frutos dados por las ampulosas expresiones y arrogantes conocimientos de que se hiciera gala desde la conducción de la ATER respecto de que se contaba con todos los datos de la Afip con los 161.000 contribuyentes de la provincia, con la información de todos los entrerrianos, de que se tenía acceso a las cuentes corrientes bancarias de cualquier contribuyente, pudiendo acceder a sus movimientos y verificar si estos se correlacionaban con sus declaraciones fiscales?”.
Los tres órganos de control involucrados cuentan con titulares que ocupan – u ocupaban en el caso de la Tesorería General – tal función, sin respetarse las disposiciones del texto magno entrerriano en su artículo 217°, esto es, no han accedido al cargo a través de un concurso público.
En rigor, Monge y Bargagna entienden que la Legislatura entrerriana debe tomar cartas en el asunto y crear una Comisión investigadora. “Con tales razones y las que estamos dispuestos a verter en ocasión de su tratamiento, dejamos fundamentado el proyecto de resolución que antecede”.
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