El ministro de Producción se reunió con delegados gremiales pero no participaron representantes de la empresa que paró su producción y pone en riesgo los puestos de trabajo de unas 80 personas. Desde el gobierno aclararon que hasta el momento no les solicitaron ayuda por parte de la firma, que de hecho, aún le debe 24 millones al Estado provincial.
El ministro de Producción, Carlos Schepens, recibió el martes a representantes de los trabajadores de Cotapa nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República (Atilra). En la reunión, que fue solicitada por el gremio, el ministro manifestó la “predisposición de la Provincia” para acompañar a la empresa en gestiones para acceder a programas anti-crisis del sector lechero, aunque advirtió que la firma no pidió ayuda.
Del encuentro participaron Schepens, el secretario general de Atilra Mario Mildenberger, su tesorero Ángel Violaz, el delegado Alejandro Pérez y el subsecretario de Industria Mario Acuña. No así los empresarios. El gobierno informó sobre el proceso licitatorio que se realizó en el año 2014, mediante el cual las acciones de Cotapa fueron adjudicadas a la firma Empremieur SA.
Además, los trabajadores accedieron a “los convenios suscriptos donde los adjudicatarios manifiestan conocer el estado patrimonial y financiero de la empresa, reconociendo que a partir de tal transferencia el Estado no adeuda suma alguna a Cotapa”, repasa el comunicado oficial. A su vez, advierte que Empremieur asumió entonces el compromiso de invertir una suma de 35 millones de pesos.
Se informó, por otra parte, que el gobierno provincial prorrogó en el año 2016 la deuda de 24 millones de pesos que Cotapa asumió con la Provincia, cuyas cuotas pasaron a vencer en mayo y noviembre del 2017.
Schepens alertó a los empleados que la empresa, hasta el momento, no realizó ante el Ministerio de Producción gestiones para afrontar la crisis del sector lechero, la cual pone el peligro los puestos de trabajo de unos 80 entrerrianos que se desempeñan en la firma y fueron suspendidos por al menos una quincena. “El único trámite corresponde a un diferendo entre empresas privadas que participaron del proceso licitatorio del frigorífico PGE-SAPEM”, precisa el parte de prensa oficial.
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