Afirman que el peligro de muerte se duplica por cada 15 km/h que se acelera por encima de los 80km/h. La iniciativa prevé que el conductor «sea sancionado como un delincuente, que no sea sólo una falta, sino que pueda ir preso».
«La reducción de la velocidad salva vida, está demostrado en todo el mundo que superar la velocidad adecuada es la principal causa de muertes en accidentes viales», dijo la directora de Investigación y Educación Vial de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba.
La especialista informó que en Argentina el exceso de velocidad explica más del 30% de las muertes en accidentes de tránsito, en los cuales el año pasado fallecieron 7.268 personas en todo el país.
«Lamentablemente estamos en una meseta en los últimos 20 años, necesitamos un llamado de atención para reducir los accidentes», aseguró Isoba al comentar que desde Naciones Unidas se pidió a los países en 2011 reducir hasta un 50% las muertes hacia 2020, pero en el país se mantienen la cantidad de decesos.
Según la OMS, el exceso de velocidad es la causa de cerca de un tercio de los accidentes mortales en los países de ingresos altos y de hasta la mitad en los países de ingresos medios y bajos.
Isoba contó que el peligro de muerte se duplica por cada 15 km/h que se acelera por encima de los 80km/h y atribuyó a la «falta de controles» la permanencia de los accidentes de tránsito fatales en Argentina.
«Los controles son pocos, esporádicos y aislados, no se sanciona de verdad, el 80% de las multas no se efectiviza», acusó.
Luchemos por la Vida sostiene que en los países que garantizaron un sistema de velocidades más seguro, se realizaron los mayores progresos para salvar vidas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la velocidad máxima no supere los 50 km/h en áreas urbanas por el mayor riesgo que significa para peatones y ciclistas.
Por eso, desde Luchemos por la Vida adelantaron que presentarán hoy en la Legislatura porteña y en la Agencia Nacional de Seguridad Vial un proyecto para reducir 10 km/h las máximas que están establecidas hasta hoy en todas las calles, rutas, autopistas y autovías del país.
Por lo tanto, en las avenidas que se puede circular hasta 70 km/h se pasaría a 60 km/h de máxima, mientras que en rutas o autopistas que se permite circular a 120 km/h se reduciría a 110 km/h, entre otros cambios.
El proyecto prevé colocar controles electrónicos de velocidad en todas las avenidas de alta circulación vehicular y peatonal, y emplazar reductores físicos de velocidad a calles con mucha circulación de peatones.
Desde la organización reiteraron además el pedido de que se apruebe una nueva legislación para regular el tránsito y evitar accidentes, con una norma que califique a las infracciones graves como «delitos contra la seguridad vial».
En esta iniciativa se plantea que si un conductor sobrepasa por 50 km/h la máxima en calles, rutas o autopistas «sea sancionado como un delincuente, no que sea sólo una falta sino que pueda ir preso», explicó Isoba a Télam.
Otro de los agravantes para penalizar a los infractores sería que superen el límite de alcohol en sangre permitido para manejar y la c irculación sin habilitación por no tener registro de conducir, por tenerlo vencido o por haberse quedado sin puntos en el scoring.
«No podemos esperar más muertes», reclamó Isoba, quien puso como ejemplo a España, donde tras aplicarse una ley de delitos contra la seguridad vial, hubo unas 450.000 condenas entre 2012 y 2015 y se redujo 15% las muertes por siniestros.
La especialista aseguró que de aplicarse una legislación más severa no habría casos como la picada que realizó el piloto Alejandro Radetic y otro hombre en la 9 de Julio y en la autopista Illia a unos 240 kilómetros por hora.
«Ese caso no es casualidad, esto sucede porque fallan los controles que deben disuadir a la gente de realizar estos comportamientos», aseveró Isoba, tras evaluar que quienes corrieron esa picada lo hicieron porque gozan de «impunidad porque nuestra debilidad como país es tener un sistema laxo». (Télam – Elonce)
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