- Por Forja
Algunos detalles históricos
- La empresa fue fundada en 1929 por la familia Vicentin, iniciando su actividad en la producción de algodón y acopio de cereales allí en el norte profundo de la provincia de Santa Fe.
- En la década del 60 recibe la primera ayuda del Estado. La dictadura de Onganía le ofrece gratuitamente tierras en el departamento Vera y en el departamento General Obligado. Allí tiene la base de sustentación de la producción algodonera.
- Durante la dictadura de 1976 con su jefe de personal generó el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, 14 de ellos, delegados de la fábrica. A cambio, la dictadura le regaló, el entonces puerto de aguas profundas del Río Paraná, a la altura de Ricardone. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, descuartizo a la junta nacional de granos para que nunca controle lo que entra y sale por los puertos. En 1982 Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentin dentro de las 600 empresas. Dos millones de dólares pagados del erario público.
- En 2001, previo a la crisis, Vicentin fuga 135 millones de dólares[2] al exterior.
- En 2003, el Banco Nación le prestó 30 millones de dólares. Desde el 2003 hasta el 2015, 120 millones de dólares más. A razón de 10 millones de dólares por año.
¿Qué pasa hoy en Vicentin?
Entre el año 2015 al 2019, se le dio 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación. A razón de más de 30 millones de dólares por año. En noviembre del 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares en un mes. Por este hecho, se inició la causa caratulada “Sandleris Guido y otros s/ defraudación” que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se investigan presuntos hechos delictivos vinculados con la empresa y el accionar de las autoridades del Banco de la Nación Argentina. En ese marco, el ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y los responsables de la firma la Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, fueron por el fiscal federal Gerardo Pollicita por supuestas irregularidades en préstamos otorgados por la entidad bancaria a esa empresa. Según el fiscal, “se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional”.
Causalmente con el vaciamiento realizado a finales del 2019, la sociedad cedió, para saldar deudas comerciales, UN TERCIO (1/3) de su participación en la sociedad RENOVA S.A. al grupo extranjero GLENCORE, el cual pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el SESENTA Y SEIS CON 67/100 POR CIENTO (66.67%) de las acciones, perdiendo de esta forma VICENTIN S.A.I.C. el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico.
Mientras el ex presidente Mauricio Macri juntaba sus cosas para abandonar la casa de gobierno, la empresa entro en cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019. El 10 de febrero de 2020, la sociedad se presentó en concurso preventivo con una deuda denunciada de casi cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000), quedando dicho proceso radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.
Se denunciaron más de DOS MIL (2.000) acreedores, entre ellos, acreedores financieros locales los BANCOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CIUDAD DE BUENOS AIRES, HIPOTECARIO, MACRO, NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS, ITAÚ y NUEVO BANCO DE SANTA FE.
Entre los acreedores internacionales, se encuentran las entidades INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION y NETHERLANDESE FINANCERINGS y el ING BANK NV – TOKYO BRANCH.
La importancia de VICENTIN
Vicentin es una de las empresas más importantes de la industria alimentaria. En base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales que reporta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en vísperas del cierre de la campaña de soja 2018/19, VICENTIN S.A.I.C. se encontraba en el puesto número 6 en ventas, con OCHO MILLONES CUATROCIENTAS MIL (8.400.000) toneladas de productos embarcados, es decir, un NUEVE POR CIENTO (9%) del total de ventas externas agroindustriales. En un mercado concentrado como el de granos y aceites, las principales DIEZ (10) mayores empresas representaron el NOVENTA Y UN POR CIENTO (91%) del total de las exportaciones de granos y productos derivados de origen nacional durante la campaña 2018/19. De dichas empresas la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales nacionales y el resto a capitales extranjeros.
Posee una nómina laboral de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (2195) personas en el área de la producción de productos oleaginosos, MIL (1000) puestos laborales en la producción de productos algodoneros TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) de la industria vitivinícola del grupo inversor y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE (2.057) de la planta frigorífica.
Vicentin resulta una pieza vital para el abastecimiento de alimentos y para la acumulación de reservas alimentarias y económicas, a nivel nacional e internacional, elementos de interés público para garantizar su impacto e incidencia en el mercado de alimentos y valores.
En este sensible contexto de la empresa y de la situación económica actual, acentuada por la PANDEMIA desatada por el Covid-19,
Desmintiendo algunas zonceras: ¿Cuáles son las medidas propuestas por el Gobierno?
En primer lugar, a fin de garantizar la continuidad de la producción y el sustento de la fuentes laborales, así como la protección de los activos de la empresa, el Gobierno propuso la ocupación temporal la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de la ley de Expropiaciones por el plazo de 60 días. En términos prácticos esto significa, que el delegado del Gobierno ocupará las funciones que el Estatuto social de la empresa le otorga al presidente de la misma. Esto no manifiesta ninguna colisión con las medidas judiciales del Concurso preventivo, dado que durante el concurso preventivo la administración continua en manos de la empresa, con la revisión y vigilancia del síndico judicial designado por el juez.
Esta simple apreciación jurídica, muchas veces ajena a la opinión publica general, significa que bajo ningún punto de vista se avanzó sobre las facultades judiciales, ni se pasó por encima del “poder judicial” como se afirmó con negligencia periodística, en algunos medios masivos de comunicación.
En resumen, tanto los administradores, con el delegado interventor del gobierno, conservan la administración de la empresa, bajo la vigilancia del síndico y del juez. A contrario de lo manifestado por los medios, en realidad, lo que hace el PEN es ponerse bajo la vigilancia del juez concursal, ya que, al finalizar su cometido el Interventor deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.
En segundo lugar, se manifestó el interés de enviar un proyecto de ley para que el Congreso Nacional debata sobre la utilidad pública que representa la empresa VICENTÍN para toda la sociedad argentina. Esto significa dar un estricto cumplimiento a la Constitución Nacional y a la ley de expropiaciones, a fin que se realice el procedimiento necesario para que el Estado proceda a comprar la empresa VICENTIN. Enfatizamos que la expropiación es una COMPRA ONEROSA que todos los argentinos, por medio del Estado, realizamos de la propiedad privada declarada de utilidad pública.
Finalmente, y en tercer lugar, resulta esencial la propuesta estatal de crear un FONDO FIDUCIARIO AGRO ARGENTINA, política pública casi no abordada por los medios masivos de comunicación. Un Fondo fiduciario del Agro resulta fundamental para fijar las políticas alimentarias y garantizar los fondos y recursos necesarios para que su cumplimento sea posible. Estamos frente a una oportunidad histórica para avanzar había la soberanía alimentaria, siendo esta “el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”
Desde F.O.R.J.A sostenemos la profunda necesidad económica, laboral, social y alimentaria de poner en manos de todos los argentinos la conducción de los destinos alimentarios y la presencia activa en las decisiones agroindustriales y exportadoras, en un mundo globalizado que flaquea frente a los nuevos conflictos y paradigmas productivos.
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