Luego de tres suspensiones, el primer juicio oral que sentará en el banquillo de los acusados al exgobernador de la provincia y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri, por una causa de corrupción en su gobierno tiene una nueva fecha.
La denominada “Causa de la vaca”, que investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de $24 millones, que habrían beneficiado a empresas que se sindican como de propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, irá a juicio oral a partir del próximo 18 de agosto.
Las audiencias comenzarán el martes 18 de agosto desde las 9.00 y continuarán miércoles 19 y jueves 20 a la misma; para retomar durante martes 25, miércoles 26 y jueves 27.
Estarán presididas por Alejandro Grippo, Martín Cotorruelo y Gustavo Pimentel. Por el Ministerio Público Fiscal actuarán los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.
La causa
La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca” e investiga los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy, que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.
Fuente: Análisis Digital
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